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Boletín de noticias 25 de noviembre de 2011
EL TIEMPO
GOBIERNO NIEGA QUE REFORMA DE LA JUSTICIA ESTÉ 'DESDIBUJADA'
Así lo dijo Germán Vargas luego de que el Consejo de Estado decidiera apartarse de la discusión.
El alto tribunal manifestó que el proyecto de enmienda constitucional está "desdibujado" y decidió, en la noche de este miércoles, separarse de su discusión.
No obstante, de acuerdo con el Ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, los puntos en los que se ha avanzado fueron "consensuados" con el Consejo de Estado.
"La reforma de la justicia no está desdibujada porque contempla con estricto rigor todos los acuerdos que fueron objeto del consenso con el Consejo de Estado", agregó.
El Ministro explicó, adicionalmente, que la iniciativa plantea la creación de una sala especial en donde se consultarían las decisiones administrativas de la Rama Judicial, y en la cual el Gobierno participaría de forma activa, pero sin voto.
"Qué bueno sería para la administración de justicia que hubiera un vocero del Gobierno, que no tenga voto en las decisiones, pero con quien se pudieran concertar los temas administrativos de la Rama: inversiones, presupuesto y asignación de recursos", agregó.
El proyecto de reforma constitucional va camino de su tercero de ocho debates reglamentarios, el cual será en la Comisión Primera de la Cámara.
CONGRESISTAS SÍ DEBEN TENER UN 'TRATO ESPECIAL': JUAN MANUEL CORZO
El presidente del Senado negó que proyecto para pasaporte diplomático a legisladores fuera suyo.
El presidente del Congreso Juan Manuel Corzo, dijo en 'La W Radio' que el pasaporte diplomático que contempla el proyecto de Ley que pasó a sanción presidencial no traería mayores privilegios: "El beneficio es que cuando lleguen de invitación especial a otra parte tienen (los congresistas) un trato especial en las aduanas", afirmó.
Según Corzo, dicho beneficio solo debería ser para funcionarios que trabajen en la diplomacia y que el actual pasaporte de los congresistas "es suficiente".
El senador también negó que el proyecto de Rebajas de Pena haya sido de su autoría, pues según explica, fue la ex senadora Piedad Córdoba quien lo presentó. Argumenta que a pesar de haber sido asignado como su ponente en la Comisión Primera, incluyó un artículo que excluía del beneficio a los "delitos que molestan a la sociedad colombiana" y que se cuidó de incluir a los 'parapolíticos'. Dicho artículo fue retirado por la comisión (y no por él), según aclaró.
"Ponen en cabeza mía todo lo que pasa en el Congreso", dijo el senador, quien se ha visto envuelto en escándalos mediáticos como el de los subsidios al pago de combustible para los vehículos de los legisladores y el de la iniciativa para revivir la inmunidad parlamentaria.
Congresistas colombianos tendrán pasaporte diplomático
La corporación envió a sanción presidencial un proyecto de ley que les da pasaporte diplomático a los congresistas en ejercicio.
Según lo aprobado, "el Gobierno Nacional, por intermedio del Ministerio de Relaciones Exteriores, expedirá pasaporte diplomático a los Congresistas de la República, por el tiempo que estos permanezcan en ejercicio de sus funciones".
Ante la posibilidad de que este documento implicara inmunidad diplomática para los legisladores, el ex canciller
Guillermo Fernández de Soto afirmó que "el pasaporte diplomático es simplemente una identificación para los servidores del Estado".
"No implica en ningún caso inmunidad diplomática de naturaleza alguna. La inmunidad solamente la otorga el hecho de tener una acreditación ante un Estado que reconozca esa inmunidad", explicó el ex canciller.
Fernández agregó que la expedición de este documento puede tener "algunos efectos prácticos en los aeropuertos".
"Hay países con los que hay acuerdos para la extensión de visas a quien tiene pasaporte diplomático, o sea que en esos países los congresistas no tendrían que sacar nuevamente las visas, pero de resto nada más", añadió.
El proyecto fue de autoría del senador conservador Carlos Emiro Barriga.
PRESIDENTE DE CONSEJO DE ESTADO EXPLICA REPAROS A REFORMA DE JUSTICIA
Este tribunal critica propuesta de nuevo Consejo de la Judicatura y falta de recursos para la rama.
El Consejo de Estado le retiró su apoyo al proyecto de reforma de la justicia porque, dice, tal como quedó estructurado no satisface las necesidades de la rama.
En diálogo con EL TIEMPO, el presidente de ese alto tribunal, el magistrado Mauricio Fajardo, explica los reparos que llevaron a esa corporación a marginarse de la discusión.
¿Por qué se apartan del trámite del proyecto?
Son varias las razones, entre ellas, que no se le garanticen recursos a la rama para que pueda funcionar de manera eficiente y oportuna.
¿El asunto es por plata?
Indudablemente, la rama requiere que se le garantice una asignación presupuestal anual, permanente y mínima. Pero el asunto no es solo plata, también los ajustes que se le han hecho al Consejo Superior de la Judicatura y la insistencia de mantener al Ministro de Justicia en la Sala de Gobierno, la que va a dictar las grandes políticas en el funcionamiento de la Rama Judicial. Eso es un retroceso.
¿Cuáles son, en concreto, los reparos al proyecto?
No deja de generarnos inquietud el hecho de que, sin haber sido parte de ninguno de los proyectos a consideración del Congreso, a la reforma se le haya adicionado la propuesta del fuero militar. Ese tema ha dejado de lado asuntos que para la rama son
fundamentales.
¿Qué pasa con la Judicatura?
Sorprendentemente, se busca no solo mantener sino fortalecer la Sala Disciplinaria. Se le faculta para hacer visitas de inspección a cualquier despacho, incluyendo los de las altas cortes, y uno se pregunta: ¿cuál es el propósito? ¿Examinar procesos? ¿Estarían incluidos los de la 'parapolítica' o los de pérdida de investidura, por ejemplo? Estas situaciones afectan la autonomía de la rama.
¿Qué hay detrás de esas propuestas?
Hay que tener en cuenta el origen que tendrá esa Sala: magistrados postulados por el Presidente, elegidos por el Congreso y que van a terminar ejerciendo la función disciplinaria de los jueces y magistrados. Pero no es lo único, está aprobado que pueda investigar también a los empleados de la rama y se pretende consagrar que sus funciones sean jurisdiccionales, quedando exenta de cualquier control de legalidad.
¿Qué quedó del proyecto presentado por ustedes?
Se presentó una propuesta seria y elaborada. Desafortunadamente, esa iniciativa ha tenido poca respuesta por el Congreso. Su análisis solo fue formal y protocolario.
¿Considera que el proyecto se debe hundir?
Eso lo debe evaluar el Congreso. Somos respetuosos de su autonomía, pero creemos que como está estructurado para el Consejo de Estado no resulta satisfactorio.
¿Esta posición es compartida por las demás cortes?
Este pronunciamiento compromete exclusivamente a nuestra corporación. Hemos informado de esta decisión a la Corte Suprema, a la Corte Constitucional y al Consejo Superior. Ellos tienen toda la independencia y autonomía para evaluar lo que nosotros manifestamos, pero nos asiste el interés por conocer cuál será la posición de cada una de estas corporaciones.
¿Qué van a hacer ahora?
Apartarnos no significa que renunciemos a la posibilidad de examinar, hacer seguimiento a lo que siga ocurriendo. Si las circunstancias lo imponen, se harán eventuales pronunciamientos.
Reforma sigue en el Congreso
La reforma de la Justicia continuará su trámite en el Congreso, afirmó este jueves el senador liberal Luis Fernando Velasco. La postura la comparte el conservador Eduardo Enríquez Maya, quien advirtió que "no se puede desperdiciar el consenso logrado".
El ministro del Interior, Germán Vargas, dijo que la reforma "contempla con estricto rigor los acuerdos alcanzados".
Por su parte, el ministro Juan Carlos Esguerra se mostró sorprendido y señaló que los reclamos del Consejo de Estado se debieron hacer antes de que la plenaria del Senado aprobara el proyecto en segundo debate.
PROCURADURÍA PIDE QUE LA NACIÓN NO PAGUE 12 MIL MILLONES DE PESOS
Considera que si se paga ese millonario incentivo se incurriría en un enriquecimiento sin causa.
La Procuraduría acaba de instaurar una tutela en el Consejo de Estado para evitar que la Nación pague 12 mil millones de pesos por cuenta de una decisión del Tribunal Administrativo de Bolívar, que ordenó cancelar esa suma al aumentar el incentivo de una acción popular con el argumento de defender el interés público.
Según el Tribunal, el demandante tiene derecho a recibir el 15 por ciento de los recursos que le corresponden a la Corporación Autónoma de la Región del Canal del Dique (Cardique) por una sobretasa ambiental que recaudó de manera ilegal la ciudad de Cartagena durante seis años, cifra que sobrepasa los 80.000 millones de pesos.
La acción popular fue interpuesta por el ciudadano Javier Meriño Mendoza, quien consideró que el Distrito violó los derechos al no transferir el dinero recaudado por sobretasa ambiental a Cardique
para que cumpliera su papel esencial.
Pero el Ministerio Público considera que, de permitirse que la Nación pague ese millonario incentivo, se incurriría en un enriquecimiento sin causa a favor de los demandantes y un perjuicio al patrimonio público.
La decisión del Tribunal modificó la sentencia de un juez administrativo que falló la acción popular en primera instancia y fijó el incentivo en 16 millones de pesos.
ANUNCIAN CREACIÓN DE COMISIÓN DE GARANTÍAS JURÍDICAS PARA MILITARES
El Ministro de Defensa anunció que creará una Comisión que les otorgue garantías procesales y jurídicas a los integrantes de las Fuerzas Militares y de la Policía en sus casos judiciales.
Según Pinzón, esta Comisión velará para que las actuaciones de los militares "estén ajustadas a las normas" al contar con un marco legislativo apropiado.
Las declaraciones las entregó durante una ceremonia en la que 276 Mayores y Capitanes de Corbeta de las Fuerzas Militares culminaron el curso de estudio de Estado Mayor, para ser comandantes de las unidades de todo el país.
El Ministro también defendió el fuero militar y aseguró que este tema no se limita a posturas políticas, sino a que se relacione con el entendimiento que deben tener los policías y militares para manejar las armas. "No se trata en ningún caso de aceptar impunidad, se trata de que los soldados y policías que nos están protegiendo puedan actuar de manera efectiva" señaló Pinzón, añadiendo que lo que se busca es que la Justicia Penal Militar sea la que investigue a los miembros de la Fuerza Pública cuando hayan irregularidades en sus operaciones.
EL ESPECTADOR
PROCURADOR GENERAL CUESTIONÓ PROYECTO DE REFORMA A LA JUSTICIA
Como un “parto de montes” calificó el jefe del Ministerio Público el proyecto presentado por el Gobierno que se discute en el Congreso.
Una fuerte crítica hizo el procurador General, Alejandro Ordóñez Maldonado al proyecto de reforma a la justicia que actualmente se debate en Congreso de la República y el cual ya fue aprobado en sus dos primeros debates.
Para el jefe del Ministerio Público el proyecto final “fue un parto de los montes. Se generó todo un ambiente durante meses o tal vez años y su resultado final no respondió a las expectativas”.
El Procurador General se sumó de esta forma a las críticas presentadas el pasado miércoles por el Consejo de Estado, en la que se señaló al proyecto de atentar contra la libertad e independencia de los jueces.
El presidente del tribunal contencioso y administrativo, Mauricio Fajardo señaló que con la reforma otras ramas del poder tendrán injerencia sobre las decisiones de la justicia
PROPONEN ESTABLECER LA FIGURA DEL 'ARRAIGO' EN COLOMBIA
En caso de ser aprobada esa iniciativa, incluida en la reforma a la Justicia, los ciudadanos estarían obligados a registrar su lugar de domicilio en las alcaldías municipales.
Este jueves desde el Partido Conservador se conoció una polémica iniciativa encaminada a establecer la figura del ‘arraigo’ en Colombia.
Al amparo de la reforma a la Justicia, el conservatismo busca instituir esa idea, que en caso de ser aprobada, obligaría a todos los ciudadanos a registrar su lugar de domicilio.
El promotor de esa idea, el representante ‘azul’ del Valle del Cauca, Heriberto Sanabria Astudillo, dijo que “las personas de bien no deben tener temor de registrarse o vivir escondidas a media noche”.
“La gente de bien debe ir a registrarse en las alcaldías municipales porque en realidad en este país no sabemos quién es el vecino, en este país nadie sabe quién vive encima o bajo su apartamento”, resaltó.
Sanabria aseguró que la Policía Nacional ha recibido “con agrado” su propuesta del arraigo.
“El director de la Policía, general Oscar Naranjo, cree que esa es una figura que a la Policía le va a permitir poder tener unas políticas públicas coordinadas con los alcaldes en materia de seguridad y convivencia ciudadana”, sostuvo.
La figura del ‘arraigo’ es muy similar al empadronamiento que es un documento que acredita el tiempo de permanencia de alguien en un territorio.
Finalmente, se conoció que el Partido Conservador se mantendrá inamovible e inmodificable en que se mantenga el fuero militar en la reforma a la justicia.
GOBIERNO ARREMETE EN CONTRA DE CONSEJO DE ESTADO
Luego del anuncio de retirarse de la discusión de la reforma a la Justicia, el ministro Juan Carlos Esguerra dijo estar "sorprendido" con esa determinación. El ministro Vargas Lleras aseveró que el proyecto no está desdibujado.
Reforma a la justicia atenta contra la independencia de los jueces: Consejo de Estado
Sorprendido se declaró el ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra con la decisión del Consejo de Estado de retirarse de la discusión del proyecto de reforma a la Justicia, sobre todo cuando el texto del proyecto aprobado hasta ahora es precisamente el producto de las dos propuestas que se presentaron a consideración del Congreso de la República por parte del Gobierno Nacional y del mismo Consejo de Estado.
“Me sorprende mucho ese comunicado y esa posición del Consejo de Estado en este instante, porque ella se refiere a lo que va aprobado hasta ahora en el Senado de la República y que quedó aprobado ya hace un par de semanas, por consiguiente ¿cómo es que transcurren un par de semanas y luego llegan a la conclusión de que eso que quedó aprobado no resulta satisfactorio, y les merece la descalificación a la que están haciendo referencia ahora? Han debido plantarlo en el instante que se hizo la respectiva aprobación y ello no ocurrió así”, indicó el alto funcionario.
El ministro Esguerra aseguró además que los términos en los que se expresa el comunicado del Consejo de Estado, van en contravía de lo que ha venido siendo un proceso de activa participación en la elaboración de este proyecto de reforma constitucional.
“El Consejo de Estado ha participado en absolutamente todas las discusiones, todos los debates, y no ha habido uno solo de ellos, una sola audiencia, un solo foro, en la que no se hubiera escuchado la voz del Presidente del Consejo de Estado, para efectos de expresar los puntos de su acuerdo o los puntos de su desacuerdo”, señaló.
A su turno, el ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, aseveró que dicho Proyecto no está desdibujado.
“La Reforma a la Justicia no está desdibujada porque contempla con estricto rigor todos los acuerdos que fueron objeto del consenso con el Consejo de Estado. Insistir en que se violenta la autonomía de la Rama porque el Señor Ministro de Justicia pueda participar con voz pero sin voto en las decisiones de la administración judicial, me parece que no refleja la realidad”, indicó el Ministro del Interior.
Así mismo, el ministro Vargas Lleras explicó que esta iniciativa contempla la creación de una sala especial en donde se consultarían las decisiones administrativas de la Rama Judicial y en la cual el Gobierno participaría de forma activa pero sin voto.
“Qué bueno sería para la administración de justicia que hubiera un vocero del Gobierno, que no tenga voto en las decisiones, pero con quien se pudiera concertar los temas administrativos de la Rama: inversiones, presupuesto y asignación de recursos”, enfatizó el Ministro del Interior.
LA NUEVA INSTITUCIONALIDAD CARCELARIA
Editorial
El pasado 3 de noviembre, el Gobierno escindió las funciones administrativas y de ejecución del Inpec para asignárselas a la nueva Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (SPC).
Con esto, el Inpec mantiene su competencia para ejercer funciones de vigilancia y custodia de las personas privadas de la libertad. Mientras tanto, la SPC gestionará el suministro de bienes y la prestación de los servicios en el interior de los establecimientos, se hará cargo de la infraestructura carcelaria y brindará el apoyo logístico y administrativo necesario para el adecuado cumplimiento de las funciones a cargo del Inpec.
Mucho se espera de esta reforma para dar solución a la crisis carcelaria que existe en Colombia desde hace más de 14 años, tiempo en el que en dos ocasiones instancias internacionales han requerido al Estado colombiano para que mejore las condiciones de detención que actualmente atentan contra los derechos fundamentales de la población reclusa. Sin embargo, es necesario preguntarse si la iniciativa del Gobierno tiene como fin atacar la crisis o, por lo menos, incidir fuertemente en ella.
En 1998, año en que la Corte Constitucional declaró el Estado de Cosas Inconstitucional (ECI) en las penitenciarías del país, la Corte también señaló que la falta de espacio y la vulneración masiva de derechos fundamentales en los centros de reclusión difícilmente se vería superada si se insistía en mantener una concepción carcelaria del derecho penal; preocupación que luego manifestó la Defensoría del Pueblo en 2004 y que se mantiene hoy en día.
En 2004 y 2007 el Congreso aumentó los mínimos y máximos de todos los tipos del Código Penal, lo que ocasionó que la detención preventiva procediera para delitos —como la usura y el voto fraudulento— a los que antes no aplicaba esta medida. Adicionalmente, el Estatuto Anticorrupción restringió la sustitución de la detención preventiva en establecimiento carcelario por la detención domiciliaria, al reintroducir una prohibición de este beneficio para un extenso listado de delitos. Lo anterior, a pesar de que la Corte Constitucional ya había declarado que dicha prohibición absoluta atentaba contra el ordenamiento jurídico.
Este contexto explica por qué las tasas de hacinamiento hoy en día son similares a aquellas que existían en 1998, y por qué la construcción de 10 nuevos establecimientos de reclusión del orden nacional no eliminó las condiciones infrahumanas que deben soportar los internos. En esta medida resulta evidente que la causa principal de la crisis carcelaria es la política criminal. Curioso entonces que, a pesar de que no han funcionado, el Gobierno insista en soluciones estructurales cuya capacidad de influencia es muy limitada. Probablemente, la SPC será más eficiente en la construcción de nuevos centros penitenciarios, pero es claro que la ampliación de la infraestructura carcelaria por sí sola presenta el mismo paradigma: una solución temporal.
Es entendible que la primera opción para dar término a la crisis carcelaria sea la reforma estructural, pero esta etapa ya fue agotada en Colombia. Debemos entonces preguntarnos si, a falta de un cambio en la política criminal, es hora de adoptar mecanismos como la excarcelación por orden judicial, como ya ha ocurrido en países en los cuales la primera opción no resultó. Este es el caso de Estados Unidos, en donde, el 23 de mayo de 2011, la Corte Suprema ordenó la liberación de aproximadamente 40.000 internos de las cárceles de California.
EL BICENTENARIO Y LA PENA DE PRISIÓN
Por: Yesid Reyes Alvarado
La imposición de una pena sólo tiene sentido en cuanto con ello se persiga una determinada finalidad.
Esto significa que si el encarcelamiento de alguien no resulta apto para alcanzar ese propósito, su privación de la libertad se convierte en un acto injustificado de violencia institucional.
Entre las teorías que buscan definir qué se busca con ella, en Colombia el Código Penal y las Cortes han venido dando prevalencia a la resocialización, al indicar que debe servir para que los condenados se preparen para reincorporarse a la sociedad y alejarse del crimen. Así se entiende que cuando un prisionero estudia o trabaja reciba una reducción de su condena y se explica que frente a determinados delitos sea suficiente una privación de la libertad en el domicilio del sentenciado.
Hasta esta semana se discutió en el Congreso la posibilidad de rebajar en una quinta parte las penas con motivo del bicentenario de nuestra independencia. La exposición de motivos invocaba razones de fraternidad y de reconciliación nacional, mientras la Iglesia Católica respaldó la iniciativa arguyendo razones de solidaridad y como una forma de mitigar la violación de los derechos de los reos. Tampoco faltaron quienes apoyaron la propuesta como una forma de disminuir la congestión carcelaria y como un mecanismo para atenuar sanciones que se consideran excesivamente altas.
Si, como se sigue sosteniendo mayoritariamente en nuestro país, la condena da inicio a un proceso de reincorporación del reo a la vida en sociedad, ninguna de las consideraciones acabadas de mencionar justifica una rebaja de las sanciones ya impuestas. Si de lo que se trata es de facilitar ese regreso al seno de la comunidad, lo que debería hacerse es invertir en los centros penitenciarios para que no sólo desaparezca el hacinamiento que hoy los caracteriza, sino para que al interior de los mismos se brinden suficientes oportunidades de educación y capacitación tanto técnica como profesional. Y, por supuesto, el Estado debería garantizar también que los expresidiarios tuvieran posibilidades reales de acceder al mercado laboral. Pero todo esto es inviable con castigos que al llegar hasta los 60 años de prisión son claramente incompatibles con cualquier pretensión resocializadora.
Estas reflexiones buscan poner en evidencia que el derecho penal es algo más complejo de lo que se suele pensar. Desafortunadamente abundan los proyectos de ley para crear nuevas conductas delictivas, endurecer los castigos, disminuir o prohibir beneficios, sin tener en cuenta que lo que se manipula es un peligroso mecanismo de control social. De ahí la importancia de no sobrepasar algunos límites fundamentales, como el de la prohibición de imponer sanciones que no cumplan con los propósitos para los que el Estado las creó.
Desde luego que se puede renunciar a la resocialización como finalidad básica de la pena; lo importante es que una vez que se opte por cualquiera de las alternativas teóricas disponibles, toda la actividad legislativa se desarrolle en armonía con esa decisión. Así evitaríamos tener que discutir si una rebaja punitiva es un homenaje válido a nuestros libertadores.
EL NUEVO SIGLO
REFORMA A LA JUSTICIA NO ESTÁ 'DESDIBUJADA'
Un intento de convencer a los magistrados para que vuelvan a participar en el trámite del proyecto de reforma a la Justicia hará el ministro Juan Carlos Esguerra, tras lamentar que los integrantes del Consejo de Estado hayan anunciado su retiro de las discusiones.
El presidente del Consejo Mauricio Fajardo afirmó la víspera que la propuesta de reforma que estudia el Congreso dista de las que fueron evaluadas entre el Gobierno y las Cortes.
“La propuesta del Consejo de Estado está completamente desdibujada, muy lejos de la respuesta congruente y coherente para contribuir a la discusión y desafortunadamente no ha tenido ninguna consideración”, lamentó Fajardo al justificar la decisión del tribunal de no seguir participando en el debate en el Congreso.
Al respecto, el ministro del Interior, Germán Vargas, aseveró que la reforma “no está desdibujada porque contempla con estricto rigor todos los acuerdos que fueron objeto del consenso con el Consejo de Estado. Insistir en que se violenta la autonomía de la rama porque el señor Ministro de Justicia pueda participar con voz pero sin voto en las decisiones de la administración judicial, me parece que no refleja la realidad”.
Esguerra se distanció de otro de los argumentos de los magistrados, según el cual no se está trabajando para la descongestión del sistema judicial, ya que, sostuvo, ese es uno de los frentes en los que ha mostrado mayor interés el Gobierno.
También los ponentes de la iniciativa lamentaron la decisión del Consejo de Estado, pero advirtieron que la iniciativa continuará su trámite con o sin su apoyo.
El representante vallecaucano Heriberto Sanabria, del Partido Conservador, expresó que el proyecto continuará su trámite y ni siquiera el Gobierno podrá tomar una eventual decisión de retirarlo del Congreso, porque se trata de un asunto más que necesario.
El senador caucano Luis Fernando Velasco, del Partido Liberal, dijo que no entiende por qué tomaron esa decisión, cuando ya había acuerdos sobre los puntos principales de la iniciativa: “Se cansaron demasiado rápido. Este es un ejercicio en donde se debe respetar a quien toma las decisiones y el que toma las decisiones es el Congreso. El Congreso está debatiendo y el Congreso seguirá debatiendo y si el Consejo de Estado no asiste al debate no significa que éste se vaya a frenar o que la reforma se vaya a caer. La reforma continúa y nos va a hacer falta el Consejo de Estado”.
El senador nariñense Eduardo Enríquez, del Partido Conservador, se mostró sorprendido con el anuncio del Consejo de Estado y dijo que es urgente volver a conversar con las Cortes sobre en qué no están de acuerdo: “No se puede desperdiciar el consenso logrado en muchos puntos que son de iniciativa del Consejo de Estado y del propio Gobierno”.
EXPERTOS NO VEN FÁCIL ARMONIZAR JURISDICCIÓN ORDINARIA CON INDÍGENA
Varios constitucionalistas creen que en violaciones de derechos humanos deben imperar la Constitución y las leyes colombianas.
Como un camino complejo calificaron varios expertos constitucionalistas consultados por EL NUEVO SIGLO, la armonización de la jurisdicción ordinaria con la indígena.
La discusión se reabrió con la controversia de si la jurisdicción legal colombiana debe actuar en casos como violación de menores en resguardos indígenas, debido a que un agresor fue castigado recientemente con unos latigazos y después fue dejado en libertad.
Para el ex presidente de la Corte Constitucional José Gregorio Hernández, el tema es claro, pues las autoridades indígenas tienen que respetar los preceptos constitucionales.
“A mí me parece que debe aplicarse la norma del artículo 246 de la Constitución, que dice que las autoridades de los pueblos indígenas podrán ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, en conformidad con sus propias normas y procedimientos, siempre que no sean contrarios esos mandatos a la Constitución y leyes de la República”, aseguró.
Según Hernández, “el que cometió un crimen de lesa humanidad o efectuó una violación, yo creo que le aplican las circunscripciones generales del sistema colombiano y no solamente la de los pueblos indígenas. En ese sentido hay una jurisprudencia que ha sentado la Corte Constitucional desde hace varios años, que avaló esos procedimientos de las comunidades indígenas, pero me parece que en esos casos, como el de la violación de un menor donde al agresor se le da unos latigazos, debe operar la jurisdicción general colombiana. Esos latigazos cómo van a solucionar eso, porque los derechos de los menores prevalecen sobre los demás, y la jurisdicción indígena es especial, y por lo tanto, debe estar sometida a la Constitución y leyes de la República. La independencia de esa jurisdicción no es absoluta, es relativa”, afirmó el ex magistrado.
Sin embargo, el también expresidente de la alta Corte Carlos Gaviria señaló que compatibilizar las dos jurisdicciones es un trabajo difícil.
“Yo fui quien proyectó una tutela en la que se les garantizaba a los indígenas el derecho a usar el fuero, pero bajo determinadas circunstancias y bajo determinadas conductas; de modo que compatibilizar la vigencia de los derechos humanos, que de acuerdo con la jurisprudencia internacional deben regir en toda parte, con los que los indígenas imponen, no es una operación fácil, porque hay que revisar qué conductas se van a castigar, cuál es la pena que se está imponiendo, y si dicha pena constituye tortura o un atentado contra la dignidad humana o no”, explicó.
Por su parte, el jurista Eduardo Montealegre afirmó que una ponderación de ambas jurisdicciones no es posible hacerse por regulaciones generales, sino caso por caso.
“Hay ciertos temas de los pueblos indígenas que pueden entrar en contradicción con ciertas pautas culturales de las mayorías colombianas, pero eso no indica que toda contradicción deba resolverse a favor de la mayoría. Deben respetarse ciertas tradiciones indígenas, hay que lograr un equilibrio, y obviamente que determinar con criterios generales hasta donde llega la competencia de la jurisdicción ordinaria y la indígena no es posible. Eso debe resolverse caso por caso, a través de una ponderación específica que debe hacer la Corte Constitucional. Cualquier intervención, regulación o limitación de las competencias que tengan las autoridades indígenas tiene que hacerse a través de un proyecto de ley”, dijo. Según el ex magistrado, ese tema debe resolverse con un equilibrio entre las competencias de la jurisdicción ordinaria y la indígena.
“Hay ciertos principios de protección de los derechos humanos que son universales, que inclusive que a pesar que vayan en contra de las tradiciones indígenas, la postura es que los pueblos indígenas tienen que respetarlos. Por ejemplo, el derecho a la vida es sagrado, que no puede ser quebrantado con el argumento de que existen unas pautas culturales distintas; entonces, hay unos derechos humanos que por regla general deben ser universales, que tienen que ser respetados también por las posturas indígenas”, señaló.
REVISTA SEMANA
LAS DISTANCIAS ENTRE EL GOBIERNO Y EL CONSEJO DE ESTADO
El Consejo de Estado anunció que se aparta de la discusión de la reforma a la Justicia que se adelanta en el Congreso.
La reforma a la justicia se ha convertido en el principal choque de trenes entre el Ejecutivo y el poder Judicial. Ambos tienen distintas posturas frente a los problemas de la administración de justicia. De momento, el Gobierno impone su voluntad en el Congreso. Aún faltan 6 debates para el consenso.
Quince meses ha ocupado el Gobierno en encontrar un consenso con las altas cortes en torno a los ajustes a la administración de justicia.
Desde agosto de 2010, cuando el presidente Juan Manuel Santos restableció las relaciones con el poder Judicial, se instalaron varias mesas de discusión para definir un proyecto de reforma, que en los recientes cuatro meses ha sido objeto de debate en el Congreso de la República.
Pero en ese tiempo el consenso ha sido lejano, a pesar de que en principio parecía haber acuerdo, lo que permitió que el proyecto de iniciativa gubernamental superara los dos primeros debates en el Senado.
Las distancias entre el Gobierno y las cortes (que para la discusión de la reforma nombraron al Consejo de Estado como su interlocutor) no son nuevas. Hace un año obligaron al gobierno a desistir, en dos oportunidades, de presentar el proyecto.
Y cuando el Gobierno lo radicó, el pasado mes de agosto en el Congreso, la respuesta de las cortes, en principio, fue pedir “veeduría internacional”, pero luego desistieron y en cambio radicaron su propio proyecto de reforma judicial.
Las cosas parecían armónicas, pero, tras los dos debates del proyecto, el Consejo de Estado se percató que el Congreso no atendió sus propuestas en unas discusiones que para los magistrados han sido ligeras y poco profundas, por la premura del Gobierno para que la iniciativa no fracase en el parlamento.
Por eso, los magistrados expidieron un comunicado en el que expusieron, aunque de forma difusa, sus observaciones frente al tema y decidieron romper esos acuerdos que se produjeron en los dos primeros debates.
A partir del comunicado, estas son las principales diferencias entre el Consejo de Estado y el Gobierno.
¿Propuestas de última hora?
Dice el Consejo de Estado: “La reforma que se está adoptando exhibe una evidente incoherencia entre lo inicialmente anunciado y propuesto, y lo que viene resultando como consecuencia de una precipitada deliberación legislativa, que parece fuera de control”.
La molestia del alto tribunal es que el gobierno tenía un proyecto inicial y durante los debates en el Congreso ha ido incorporando algunos artículos que no habían sido pactados.
Por ejemplo, inicialmente el Gobierno había planteado la eliminación del Consejo Superior de la Judicatura, luego no sólo se retractó, sino que le dio mayores poderes a la sala disciplinaria de esa corporación.
El Consejo de Estado tampoco conocía de la propuesta de ampliar de 8 a 12 años el periodo de los magistrados de las altas cortes.
También generó incomodidad que la reforma a la justicia se haya prestado para otros asuntos, como incluir en ella la ampliación del fuero militar y de la denominada silla vacía, circunstancias que desvían el propósito inicial de la reforma, concentrado en ocuparse de la descongestión de los procesos y el fácil acceso a justicia para los ciudadanos.
¿Reforma, ineficaz?
Según el Consejo de Estado, “el texto hasta ahora aprobado no da respuesta efectiva a los problemas y necesidades de la justicia, como son la congestión de los despachos judiciales, la garantía del derecho constitucional de acceso a la administración de justicia y la concreción del derecho de toda persona a la convivencia pacífica y un orden justo”.
La molestia del alto tribunal está en que para las altas cortes el problema de la congestión se resuelve con la concesión de mayores herramientas y autonomía presupuestal a la rama judicial.
El Consejo de Estado propuso que la reforma permita establecer en la Constitución que, anualmente, el gobierno destine el 5 por ciento del presupuesto a las necesidades de la rama judicial.
El gobierno consideró excesiva esa propuesta y solo permitió que el Congreso aprobara la asignación del 2,5 por ciento del presupuesto. Para el Consejo de Estado ese monto sigue siendo insuficiente, incluso para solventar el actual déficit del poder judicial.
El alto tribunal también se mostró en contra de que notarios y abogados particulares (exmagistrados por ejemplo) tengan funciones jurisdiccionales, como lo propuso el Gobierno y como fue aprobado en los dos primeros debates del proyecto.
¿Menor autonomía del poder judicial?
En el comunicado, el Consejo de Estado afirma que “algunas de las disposiciones aprobadas debilitan la autonomía de la rama Judicial y los principios de separación y equilibrio de las ramas del poder público”.
El malestar del alto tribunal es que en los dos primeros debates se aprobó que de la nueva sala de gobierno de la rama Judicial estarían haciendo parte el Ministro de Justicia y el Fiscal general de la Nación. Para los magistrados, eso atentaría contra la autonomía de la rama Judicial.
El ministro de Interior, Germán Vargas Lleras, se encargó de controvertir esta afirmación. al señalar que “insistir en que se violenta la autonomía de la Rama porque el señor ministro de Justicia pueda participar con voz pero sin voto en las decisiones de la administración judicial, me parece que no refleja la realidad”.
¿Judicatura, la supercorte?
El Consejo de Estado afirmó en su comunicado que “las funciones exorbitantes que el proyecto atribuye a la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura deterioran la autonomía y la gobernabilidad de la Rama, ignoran graves cuestionamientos públicos que afectan la dignidad de la justicia, pasan por alto autorizadas críticas al equivocado diseño institucional de ese organismo y aniquilan el equilibrio de los poderes públicos”.
Según lo aprobado en los dos primeros debates de la reforma, la sala disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura tendría entre otras estas nuevas atribuciones: examinar la conducta y sancionar las faltas de los funcionarios y empleados de la rama Judicial, así como las de los abogados en el ejercicio de su profesión y de los auxiliares de la justicia; practicar visitas generales a todos los despachos judiciales; conocer de los asuntos disciplinarios contra los Magistrados de la Corte Constitucional; y tener unos investigadores de libre nombramiento. Eso sí, no podrán conocer de acciones de tutela.
Consejo de Estado, ¿silenciado?
Advierte el Consejo de Estado que “con base en la confianza que le merecen las instituciones democráticas, elaboró con seriedad y responsabilidad un proyecto de reforma constitucional a la justicia que, luego de un amplio debate interno, presentó al Congreso de la República. Sin embargo, su consideración quedó reducida a un plano meramente formal y protocolario”.
Entre las principales propuestas del Consejo de Estado estaba la de consagrar el 5 por ciento del presupuesto nacional para la rama judicial; tener tres miembros en la sala de gobierno de la rama Judicial, mientras que las otras cortes tendrían dos; eliminar el Consejo Nacional Electoral, el cual reemplaza por la Comisión Nacional de Inspección y Vigilancia Electoral; doble instancia para procesos de pérdida de investidura y acaba con el Consejo Nacional Electoral; y quitaba la potestad a la Corte Constitucional de revisar tutelas contra sentencias judiciales.
En los dos primeros debates, ninguna de estas propuestas fue aprobada. Los magistrados advierten que el Gobierno ha impuesto sus mayorías en el parlamento para aprobar el proyecto radicado por el Ejecutivo.
El ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, controvirtió esta consideración al señalar que el Consejo de Estado ha venido participando en los debates que tuvieron lugar en el Senado, y el proyecto aprobado por la cámara alta fue aceptado por el presidente de ese tribunal, Mauricio Fajardo, quien intervino en el debate de cada uno de los artículos, tanto en la Comisión Primera como en la Plenaria.
“¿Cómo es que transcurren un par de semanas y luego llegan a la conclusión de que eso que quedó aprobado no resulta satisfactorio, y les merece la descalificación a la que están haciendo referencia ahora? Han debido plantearlo en el instante que se hizo la respectiva aprobación y ello no ocurrió así”, consideró Esguerra.
¿Se superará la crisis?
Los magistrados de las altas cortes han tenido la oportunidad de intervenir en cada momento de la discusión. Otra cosa es que el Congreso no haya aprobado sus propuestas.
Sin embargo, uno de los ponentes del proyecto en el Senado, el liberal Jesús Ignacio García (Partido Liberal), recordó que ninguna de las propuestas del Consejo de Estado ha sido votada de forma negativa sino que se mantiene vigente para discutirse en la segunda vuelta de debates del proyecto.
La reforma a la justicia ha surtido dos debates, aún le faltan seis discusiones y las propuestas del poder judicial se mantienen vigentes, explicó García.
De momento, la reforma a la justicia seguirá su trámite legislativo, y el Congreso aún tiene las puertas abiertas para escuchar las opiniones de los magistrados, según le dijo a Semana.com Orlando Velandia (Partido Liberal), coordinador del proyecto en la Cámara de Representantes. Mientras que el ministro de Justicia aspira a convencer al Consejo de Estado de participar de las discusiones y de la necesaria colaboración armónica de las ramas del poder público.
GOBIERNO, SORPRENDIDO POR DECISIÓN DEL CONSEJO DE ESTADO
El ministro de Justicia considera que la reforma a la justicia que fue aprobada en el Senado es fruto del consenso de la propuesta del Gobierno y de la rama Judicial.
Juan Carlos Esguerra, ministro de Justicia, fue el primer funcionario del Gobierno que se pronunció frente a la decisión del Consejo de Estado de no participar más de las discusiones en torno a la reforma a la justicia.
Esguerra analizó el comunicado expedido por el alto tribunal y sólo atinó a decir: “Me encuentro sorprendido”. El ministro consideró que el Consejo de Estado ha venido participando en los debates que tuvieron lugar en el Senado, y el proyecto aprobado por la Cámara alta fue aceptado por el presidente de ese tribunal, Mauricio Fajardo, quien intervino en el debate de cada uno de los artículos, tanto en la Comisión Primera como en la Plenaria.
“¿Cómo es que transcurre un par de semanas y luego llegan a la conclusión de que eso que quedó aprobado no resulta satisfactorio, y les merece la descalificación a la que están haciendo referencia ahora? Han debido plantearlo en el instante en que se hizo la respectiva aprobación y ello no ocurrió así”, consideró Esguerra.
Este nuevo inconveniente que sufre la reforma se produce a tan solo cuatro días del tercer debate, en la Comisión Primera de la Cámara.
Allí, Esguerra tendrá que alinear a los congresistas en favor del proyecto. En la comisión primera pesan mucho las opiniones de las altas cortes, pues han sido varias las iniciativas que no han prosperado cuando los magistrados se pronuncian en sentido contrario.
Otro de los funcionarios del Gobierno que se refirió a esta circunstancia fue el ministro de Interior, Germán Vargas Lleras, quien consideró que la reforma a la justicia que discute el Congreso “no está desdibujada”, como lo afirma el presidente del Consejo de Estado.
“La Reforma a la Justicia contempla con estricto rigor todos los acuerdos que fueron objeto del consenso con el Consejo de Estado. Insistir en que se violenta la autonomía de la rama porque el señor ministro de Justicia pueda participar con voz pero sin voto en las decisiones de la administración judicial, me parece que no refleja la realidad”, señaló Vargas Lleras.
El ministro del Interior explicó que esta iniciativa contempla la creación de una sala especial en donde se consultarían las decisiones administrativas de la rama Judicial y en la cual el Gobierno participaría de forma activa pero sin voto.
“Qué bueno sería para la administración de justicia que hubiera un vocero del Gobierno, que no tenga voto en las decisiones, pero con quien se pudiera concertar los temas administrativos de la rama: inversiones, presupuesto y asignación de recursos”, consideró Vargas Lleras.
En la noche del miércoles, el Consejo de Estado emitió un comunicado en el que el alto tribunal consideró que "la reforma que se está adoptando exhibe una evidente incoherencia entre lo anunciado y propuesto, y lo que viene resultando como consecuencia de una precipitada deliberación legislativa que parece fuera de control".
Según el magistrado Mauricio Fajardo, la actual reforma a la justicia que discute el Congreso no resuelve los verdaderos problemas de la administración de justicia, y las propuestas presentadas por las altas cortes han venido siendo desatendidas en el Congreso.
“La propuesta del Consejo de Estado está completamente desdibujada, muy lejos de la respuesta congruente y coherente para contribuir a la discusión y desafortunadamente no ha tenido ninguna consideración”, explicó este jueves el magistrado Mauricio Fajardo en declaraciones concedidas a Caracol Radio.